En 1420, en Alemania, se publicó un Handelsbuch (Libro de Comercio el cual contiene una enumeración prolija de las marcas usadas por los comerciantes holandeses, ingleses e italianos.
En ese tiempo la marca ya identificaba al propietario de la mercadería. En 1418 el Consejo de Hamburgo reclama en Doortrecht la entrega de unos barcos con su carga pertenecientes a comerciantes hamburgueses. En el pedido se hacen valer las marcas de 43 comerciantes.
Existen documentos que prueban que la marca del comerciante era protegida por los tribunales que veían en ella una propiedad de derecho natural. La prioridad en el uso y crédito de la marca aseguraban la acción.
En aquella época, independientemente de las acciones civiles, existían acciones penales para determinados casos, emanadas de edictos reales. Se recuerda un edito del Siglo XIV que castigaba con la horca al tabernero que falsificara las marcas de los vinos de Rudesheim.
Hasta principios del siglo XIX el sistema de protección de las marcas mediante edictos reales o reales órdenes fue utilizado por todos los países europeos.
A raíz de la Revolución Francesa, en 1791 se dictó un decreto que suprimió las corporaciones y proclamó la libertad absoluta del comercio y de la industria. Desaparecieron las marcas y contraseñas existentes y se estableció la posibilidad de cualquier competencia.
Tal libertad extrema no fue del todo conveniente y se reestablecieron las marcas, aplicando sanciones uniformes contra todos los imitadores o usurpadores. El rigor de las penas fue aumentado por el Código Penal que estableció en el Art. 142 la pena de reclusión por usurpación.
En 1828 se redujo la usurpación o la falsificación a un delito simple y se aplicaron las penas correccionales eficaces. Las demás naciones europeas comenzaron a dictar leyes sobre marcas.
En Italia, el Código Penal en 1839, instituyó una acción en defensa de las marcas “aprobadas por el gobierno”, creando así el REGISTRO DE MARCAS.
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